Conocido
ya es el contexto social y político del Perú a finales de la década de los
noventa, todo a raíz del accionar de un presidente con claras pretensiones
dictatoriales y un aparato estatal, en general, marcado por la corrupción y la
represión política; sólo para ser breves en la descripción. Así es que, un
fuerte sentimiento de reivindicación democrática surgió en los ciudadanos y se
vio, luego de mucho tiempo, un verdadero ambiente de identidad nacional, en el
que todo el colectivo social de nuestro país era un solo puño para vencer a un
enemigo en común: Alberto Fujimori y su sórdido régimen, que buscaba absorber o
poner de su lado a toda fuente de poder, con el claro objetivo de encontrar la
perpetuidad en la cabecera del Estado y apropiarse de un poder que en principio
recae en el Pueblo. Así es que, recurriendo a mi propia experiencia, tengo en
mi memoria aquellos momentos gloriosos de identidad con la nación, que había
desencadenado tal tiempo de crisis, y que se veía plasmada en aquella marcha, la
de los cuatro suyos, en que gente de diversos lugares e ideologías demostraban
su deseo por tener un gobierno que realmente los representara. Se logró
instaurar un gobierno democrático, y todos aquellos que eran nuestros enemigos
se vieron obligados a huir para no ser encarcelados. Sin embargo, poco tiempo después, rodó la
primera cabeza, la de Vladimiro Montesinos Torres, asesor del ex presidente
Alberto Fujimori y que además desempeñaba la labor de jefe del Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN). Además, cayeron también diversas personas que,
desde su cargo, colaboraban con las políticas corruptas del chino y el doc.
(Fujimori y Montesinos); dentro de ellos los miembros de la entidad creada por
el Estado en ese tiempo, que recibía el nombre de grupo COLINA, una especie de
organización castrense que cumplía con órdenes directas de aquel dúo y
ejecutaba misiones de aniquilamiento. Así, para completar el círculo, Fujimori
también caería, aunque seis años después, y sería condenado a 25 años de cárcel
por “autor mediato de la comisión de los delitos de
homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en
agravio de los estudiantes de La Cantuta y el caso Barrios Altos”.
Así, parecía
que al fin se había hecho justicia y que los ideales por los que pugnábamos a
principios del nuevo milenio también se habían hecho realidad en el plano
judicial; pero tendría que pasar poco tiempo para que dicho ambiente se vuelva
a contaminar, y la impunidad nos colme con su sarcástica mirada: ahora resulta
que para cierto juez de la corte suprema, los delitos en los que incurrió
Montesinos y COLINA no son de lesa humanidad, es decir que asesinar a quince
personas sin agresión ilegítima de por medio, y dentro de ellas a un niño de
ocho años, o la desaparición forzosa de nueve personas, no es un delito leso para
el juez Villa Stein, sino que es simplemente un delito común, como cuando te
roban tu billetera en la calle; y con tal razón, puede reducírsele la pena a tales
sujetos de 25 a 20 años. Si bien los jueces tienen derecho a la
independencia, tanto de carácter externo (agentes ajenos al Poder Judicial)
como interno (dentro del Poder Judicial), al momento de dictaminar sus
sentencias, el ejercicio de su labor de administrar justicia debe darse de
acuerdo a lo que la Ley establece, y el Estatuto de Roma, al ser un cuerpo
normativo que el Estado peruano ha ratificado, también debe ser de cumplimiento
por parte de los jueces, ya que éstos en esencia deben cumplir con aplicar las
normas jurídicas a los casos concretos; y dicho estatuto comprende como
crímenes de lesa humanidad las conductas tipificadas como asesinato,
exterminio, deportación, desplazamiento forzoso, persecución por motivos políticos,
desaparición forzada, secuestro, etc. Ahora, ciñéndonos a eso ¿Está o no está
comprendido dentro de esos delitos lo que sucedió en las masacres de la Cantuta
y Barrios altos? Parece que la respuesta es obvia, y por ende la sentencia
absurda e ilógica, además de no tomar en cuenta un elemento básico de la figura
de delito: la conmoción que genera en la sociedad.
Al parecer, el Dr. Villa
Stein se ha olvidado que además de ser juez o aplicador del Derecho, es un
ciudadano y como tal debe sentirse más involucrado con el impacto que esos
delitos generaron en la sociedad peruana, fuera de los vicios jurídicos que
contiene la sentencia. Sin embargo, esta determinación de la Sala penal de la
Corte suprema ha tenido una consecuencia casi unánime en los peruanos, sobre todo en los que fuimos testigos de aquellos instantes de lucha por la reivindicación
democrática que se vivieron a principios del nuevo siglo; la clara discrepancia
y oposición frente a tal decisión judicial. Luego de aproximadamente doce años, vuelvo a tener la
sensación de que hay un ambiente de solidaridad para con el compatriota y que
además guardamos muy bien en la memoria todo sobre lo cual esa dictadura de los
noventa nos limitó; con un “chinito” que se aprovechaba de la pobreza de las peruanos,
al no satisfacer sus necesidades o tratar de hacerlo de manera completa y
eficaz, sino al buscar hacerlo poco a poco de tal forma que pueda asegurarse su
voto para perpetuarse en el poder y no rendirle cuentas a nadie. Pues bien, el peruano ahora está más identificado
con sus conciudadanos, tiene más conciencia democrática, y se rehúsa a aceptar
que la justicia sea tan pasiva para con esos criminales; un primer gran paso que
nos acerca más a ser una nación, para
con eso cumplir con el verdadero sentido de las Fiestas patrias, y no se dé una
hipócrita celebración.
C.G
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